Derecho al acceso a la información pública y derecho a la defensa dentro de un proceso judicial

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cuando el Tribunal Constitucional ha conocido demandas de hábeas data, en última instancia, en los cuales a una de las partes de un proceso judicial en trámite se le ha denegado acceso a información del expediente, ha considerado que está involucrado el derecho de acceso a la información de quien interpone la demanda de hábeas data (STC Exp. N° 02433-2010-PHD/TC, STC Exp. N° 03943-2011-PHD/TC, STC Exp. N° 04146-2009-PHD/TC, entre otros).

Sin embargo, consideramos que para la procedencia del proceso de hábeas data por violación de acceso a la información pública, debe analizarse y determinarse la condición del solicitante en el proceso sobre el que pide información. Y es que se debe diferenciar claramente cuál es el contenido del derecho de acceso a la información, protegido por el proceso de hábeas data, y cuál es el contenido del derecho de defensa, protegido por el proceso de hábeas corpus o de amparo, dependiendo de si se vulneran o no derechos conexos a la libertad personal. Es distinto si quien solicite información sobre el proceso resulte ser parte del proceso o cualquier persona.

En el caso de que una persona que es parte del proceso solicite información de este o de sus actuados, en realidad no se está ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, sino más bien el derecho de defensa. En efecto, el derecho de defensa le garantiza a toda persona, como parte procesal, que se le suministre los instrumentos necesarios para preparar sus argumentos de defensa, dentro de ellos, copias de los actuados, de conformidad con el artículo 139.14 de la Constitución. En el caso de una persona cualquiera que decide pedir información sobre un proceso, cuyo carácter es público de principio a fin, se debe regir por algunas reglas procesales que ha establecido a lo largo de su jurisprudencia el Tribunal Constitucional y por las normas procesales existentes.

Para comprender la diferencia, veamos lo que ocurre en un proceso penal a la luz de lo previsto en el artículo 73 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 324 del Código Procesal Penal. Estas disposiciones prevén la reserva de la etapa de instrucción del proceso judicial, una reserva que no se aplica a los procesados (salvo que el juez lo considere así de manera excepcional), pero no porque les asiste el derecho de acceso a la información pública, sino porque negarles el conocimiento de las diligencias y actuados en esta etapa, supondría la afectación de su derecho de defensa. No obstante, la reserva sí se aplica para el ciudadano común que no es parte del proceso, por lo que negársele el acceso a información durante esta etapa procesal, no supone una afectación al derecho de acceso a la información, pero solo mientras este se esté desarrollando, sino una excepción prevista en el artículo 17.6 del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con las normas procesales mencionadas.

En ese mismo sentido, también debería entenderse cuando un investigado solicita información a la fiscalía sobre una denuncia en su contra. Si se le niega la información, se está vulnerando su derecho de defensa y no de acceso a la información pública. Sin embargo, el Tribunal en un caso resuelto en la sentencia recaída en el Expediente N° 1561-2006-PHD/TC (f. j. 3), declaró fundada la demanda de hábeas data contra la Vigésima Sétima Fiscalía Penal de Lima considerando que la aplicación del artículo 73 del Código de Procedimientos Penales para impedir el acceso de la parte agraviada a información del expediente vulneraba lo regulado sobre reserva en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por último, resulta pertinente mencionar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 007-2003-AI/TC, distinguió los alcances del derecho de acceso a la información pública que le asiste a toda persona y sin expresión de causa, del ejercicio de la facultad de los regidores de solicitar información de otros regidores en la municipalidad en la que presten servicios, con la finalidad de ejercer su función de fiscalización. Así, indicó que la norma cuestionada que preveía dicha potestad no significaba en modo alguno una restricción del derecho previsto en el artículo 2.5 de la Constitución, pues se trataban de instituciones jurídicas distintas.

3 Respuestas a “Derecho al acceso a la información pública y derecho a la defensa dentro de un proceso judicial

  1. muy interesante la disquisición por cuanto en la mayoría de veces existe confusión de instituciones jurídicas y se equivocan los procedimientos.

  2. Me ha entretenido mucho esta pagina titulada Derecho al acceso a la
    información pública y derecho a la defensa dentro de un proceso judicial | Suma Ciudadana
    .

  3. Pingback: El derecho de acceso a la información pública frente a la reserva de la etapa de instrucción penal | Suma Ciudadana

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