La intimidad como excepción al acceso a información pública

Por: Juan Manuel Sosa Sacio
Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

La propia Constitución –en su artículo 2, inciso 5– establece como un límite para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que esta afecte a la intimidad personal, caso en el cual las entidades públicas estás exceptuadas de entregar tal información. Por su parte, el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 17 precisa, con acierto, que no es pública aquella información que invada tanto la intimidad personal como familiar (lo que había sido obviado por el constituyente), asimismo, que la salud personal también se considera como información íntima.

Siendo así, pareciera que el asunto de la intimidad como excepción para acceder a información pública no debería generar mayor problema o controversia. Sin embargo, mejor visto, el asunto no es tan sencillo: primero, sabemos que los derechos constitucionales no son irrestrictos, lo cual incluye al derecho a la intimidad; segundo, que, tratándose de algo tan importante para la dinámica de las democracias constitucionales como la restricción para acceder a información pública, es necesario precisar de manera responsable el contenido del derecho a la intimidad.

Respecto a lo primero, de la lectura de la Constitución y la ley pareciera que el derecho fundamental a la intimidad prevalece siempre frente al de acceso a la información, tratándose incluso de una garantía expresa e incontestable. En efecto, la Carta dice “se exceptúan”, sin considerar atenuantes. Sin embargo –atendiendo a la doctrina constitucional generalizada y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional–, ello no es así: como ha explicado el Tribunal en diversas ocasiones, no existen jerarquías en abstracto entre los derechos (01797-2002-HD, 11) ni existen derechos absolutos (01871-2009-PHC, 2). Lo que corresponde, en caso de conflicto entre estos, es presentar los argumentos a favor de cada uno y ponderar la afectación o satisfacción entre ellos.

Tras los derechos de acceso a la información pública e intimidad, como ha desarrollado el Tribunal Constitucional, subyacen valiosos principios constitucionales. De una parte, tras el acceso a la información encontramos a los principios de transparencia (00566-2010-PHD, 5-6) y de publicidad (02814-2008-PHD, 8-9); mientras que tras la intimidad personal y familiar encontramos al denominado principio de reserva, que “ampara la no publicitación de documentación que pueda generar afectaciones a otros derecho fundamentales  o bienes constitucionales” (02814-2008-PHD, 10). En caso de conflicto, por ende, lo que corresponde es ponderar los bienes involucrados (derechos y principios), sopesando los argumentos existentes. Como explica el Tribunal, la tarea de establecer si una información debe considerarse pública o reservada “no siempre es sencilla, requiriéndose un desarrollo argumentativo importante para definir ello”.

Tal ponderación entre bienes constitucionales es especialmente evidente con respecto a información de quienes participan de la “cosa pública” (funcionarios, autoridades políticas). En este caso, resulta necesario matizar el ámbito protegido por el derecho a la intimidad, de tal forma que algunos datos puedan ser conocidos, protegiéndose solo aquellos más sensibles, vinculados a sus actividades estrictamente privadas (04407-2007-PHD, 24). Esto, en la medida que el acceso a tal información de relevancia pública coadyuva a “fiscalizar adecuadamente la conducta de los gobernantes” (04912-2008-HD, 3), “prevenir” y “luchar” contra la corrupción en el Estado (04407-2007-PHD 28, 34) así como combatir “la impunidad del poder” (00566-2010-PHD, 5). Así, ante la posible intromisión en la intimidad de un funcionario, esta no queda descartada per se, sino que deberá analizarse si la publicidad de esa información “resulta proporcional (…) en procura de la realización de otros fines constitucionalmente legítimos, como lo son la transparencia en la gestión pública y el propio derecho de acceso a la información” (04407-2007-PHD, 5).

No obstante, en la mayoría de casos la intimidad personal o familiar no está enfrentada a bienes de relevancia pública (como sí ocurre con los funcionarios). En estos casos, lo que corresponde es analizar correctamente el contenido garantizado por el derecho a la intimidad, para que este no sea vulnerado. Respecto al contenido de este derecho, el Tribunal suele mencionar que se encuentra “constituid[o] por los datos, hechos o situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, están reservados al conocimiento del sujeto mismo y de un grupo reducido de personas, y cuya divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño” (06712-2005-PHC, 38); asimismo, que la “la protección de la intimidad implica excluir el acceso a terceros de información relacionada con la vida privada de una persona, lo que incluye las comunicaciones, documentos o datos de tipo personal” (04573-2007-PHD, 12).

Ahora bien, ¿qué se viene considerando como ajeno al conocimiento público, por ser información íntima, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Este ha indicado, por ejemplo, que acceder a la especificación detallada de ingresos, bienes y rentas declaradas por los funcionarios –conforme manda la ley y la Constitución– sería una invasión a la intimidad personal y familiar (09944-2005-PHD, 6), aunque después ha precisado que esta información reservada se refiere, básicamente, a la “relativa a los ingresos provenientes del sector privado y a los instrumentos financieros”, mas no a la información sobre ingresos que provienen del sector público ni sobre bienes (muebles e inmuebles) registrales, pues “existe un alto interés público en conocer la mayor cantidad de información” referida a los funcionarios (04407-2007-PHD).

También ha considerado íntima la información referida a “deudas contraídas, aportes efectuados, descuentos efectuados, préstamos obtenidos, cargos cobrados, consumos realizados, contrataciones celebradas y todo tipo de afectaciones a las remuneraciones del trabajador consignados en la planilla de pago” (05982-2009-PHD), y que, en general, “los detalles contenidos en las boletas de pago atañen, prima facie, a la esfera privada” (00330-2009-PHD, 7).

Igualmente –y aunque pueda parecer evidente– se ha considerado íntima “la dirección domiciliaria”, “los nombres y apellidos, dirección y teléfonos” (5379-2006-PHD, 1 y 4). De otra parte –y es menos claro– ha protegido como información íntima las actas en las que figura el puntaje obtenido tras evaluar hojas de vida de postulantes, así como “el puntaje respectivo que le asignó la Junta de Selección y la suma de ambos”, a propósito de un proceso de selección “para el Ascenso del grado de Contralmirante al de Vicealmirante de Comando” (04573-2007-PHD).

Finalmente, en diversas oportunidades el Tribunal Constitucional ha indicado que sí es posible requerir información relacionada con aspectos prima facie íntimos, por ejemplo, a efectos de actuar pruebas necesarias en procesos judiciales, siempre que intervenga la autoridad judicial (1480-2003-HD, 3; 04159-2009-PHD, 12). En estos casos, a los jueces se les encarga velar especialmente porque la información proporcionada –relevante para dilucidar el caso de que se trata– no termine vaciando de contenido al derecho a la intimidad (02814-2008-PHD, 22; 00147-2011-PHD, 10).

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Una respuesta a “La intimidad como excepción al acceso a información pública

  1. si una empresa de cobranza accede a la información que estoy contratado en planilla, ¿es violacion de la intimidad? que marco legal me protege

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