El derecho a la intimidad y el derecho de acceso a la información pública

Por: Christian Donayre Montesinos

Profesor Titular de las Facultades de Derecho de la Universidad Peruana de  Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Universidad del Pacífico.

Por el principio de publicidad y transparencia de la información pública (Expedientes N° 01219-2003-PHD/TC y N° 04912-2008-PHD/TC, entre otros), su acceso, en principio, no está sujeto a mayor condicionamiento que aquel que se predica necesario y justificado como el costo que le significa al Estado obtener las copias de los documentos que la contienen. De ahí que, en rigor, en estos casos el solicitante no está en la obligación de señalar para qué o con qué fin pide tal o cual información, sino que está en su derecho el solicitarla, y la entidad que la administra, en la obligación de entregarla.

Cosa distinta sucede con aquella información que, por su naturaleza, difundirla o facilitar su acceso puede traer consigo la afectación de un derecho fundamental. En efecto, aquí, por razones obvias, entran en juego otro tipo de factores que conducen a la aplicación de principios como los de razonabilidad y proporcionalidad (Expediente N° 04407-2007-PHD/TC) y, por consiguiente, a hacer un análisis -caso por caso- respecto de si la afectación de aquel derecho encuentra justificación en la atención de un bien mayor.

En un escenario como ese, es recomendable –y hasta necesario- no limitarse a pedir tal o cual información, sino más bien dar razones de fuerza para convencer a la entidad que la tiene bajo su custodia que, pese a la afectación del derecho fundamental, es indispensable que nos sea entregada. Para estos efectos no pueden pasar desapercibidas las particularidades de algunos derechos fundamentales, sobre todo de aquellos cuya afectación pueda ser difícil o imposible de revertir, ya que esto obliga a ser especialmente minucioso en el análisis respecto de la procedencia del pedido de información. Este es precisamente el caso del derecho a la intimidad, que, como se sabe, por su especial entidad, una transgresión de su contenido se traduce en una situación irreversible, como quiera que una vez que la información reputada como sensible sale la luz, es imposible que vuelva al estado o lugar en el que debió mantenerse, esto es, en la esfera íntima de quien es su titular.

Lo recientemente expuesto no es de poca relevancia si caemos en la cuenta que en ocasiones la información que se solicita, pese a corresponder al ámbito íntimo, puede resultar importante para hacer efectivos otros derechos fundamentales. Así, en ocasiones un ejercicio efectivo del derecho de defensa en el curso del proceso penal dependerá de si tenemos cierta documentación privada como una historia clínica (Expedientes N° 01480-2003-PHD/TC y N° 00147-2011-PHD/TC), cuentas bancarias y declaraciones juradas presentadas ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT (Expediente N° 01669-2009-PHD/TC), por citar tan sólo algunos ejemplos. En otros supuestos, puede ser la reivindicación del derecho al trabajo, al proyecto de vida (Expediente N° 04573-2007-PHD/TC) u otros derechos laborales (Expediente N° 05982-2009-PHD/TC) lo que nos conduce a solicitar aquella información calificada como sensible. Por no mencionar que en algunas situaciones lo único que se busca es conocer la verdad ante la ocurrencia de un suceso que nos resulta especialmente importante (Expediente N° 04159-2009-PHD/TC).

No es que en los casos a los que se ha hecho mención el Tribunal Constitucional haya dado pie a la entrega de la información que se solicitó, de hecho en algunos ha declarado improcedentes los pedidos, en otros infundados y hay también de los que se ha limitado a señalar que la vía no es el hábeas data sino el proceso judicial ordinario en curso. No obstante, no es casual este comportamiento del colegiado si reparamos, entre otras cosas, en lo expresado líneas atrás, esto es, en que si por error se accede a facilitar cierta información íntima, el escenario se torna irreversible para quien es el titular de esa información. Vistas así las cosas, no hay duda del especial esfuerzo argumentativo que debe llevar a cabo quien se aproxime por medio del hábeas data a solicitar aquella información que en principio le va a ser negada por su vinculación con la intimidad y de la especial cautela que deben tener los jueces constitucionales para no incurrir en errores cuyas consecuencias pueden ser verdaderamente irreparables.

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