Límites de las entidades para argumentar su negativa a crear o producir nueva información que se les solicita

Por: Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

Un asunto que ha llamado nuestra atención al revisar diversas sentencias de hábeas data se refiere, ya no al fondo o contenido de la información pública, sino a la forma en que esta puede ser entregada. Al respecto, la Ley y el reglamento señalan la posibilidad de acceder a cualquier información “si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control”. Así, es claro que podemos acceder a “documentos” públicos. Sin embargo, la información que se encuentra en manos del Estado no es solo documentaria. Efectivamente, el Estado cuenta con diversas bases de datos que organizan o sistematizan información que es pública de acuerdo a la ley, por estar almacenada o haber sido financiada por el Estado. ¿Es posible acceder a ella?

El Tribunal Constitucional ha señalado que la Administración tiene el deber entregar la información que ya existe y posee, pero que no le corresponde sistematizar o elaborar nueva información sobre la base de la anterior (RTC Exp. N° 02512-2009-HD/TC, f. j. 4). En este sentido, no podría solicitarse, por decir, elaborar análisis, diagnósticos, cuadros comparativos, bases de datos, estadísticas, etc. El Estado tiene el deber de darnos la información que tiene, tal como está, sin necesidad de preparar información nueva; con ello, deben ser los propios ciudadanos quienes, podrán a su vez sistematizar y analizar la información en bruto como consideren conveniente. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la información no obliga “a producir información distinta o adicional a la ya existente” (STC Exp. N° 0315-2007-PHD/TC, f. j. 3) y que “no es objeto de este derecho que el requerido ‘evacue’ o ‘elabore’ un informe o emita algún tipo de declaración” (STC Exp. N° 2176-2006-PHD/TC, f. j. 2).

No obstante lo anotado, puede suceder que bajo la idea de “elaborar información” la Administración pretenda sustraerse, de manera ilegítima, del deber de entregar información pública. Hay casos que merece la pena analizar, por ejemplo: ¿qué sucede si la información pedida no es documentaria (se trata de datos cuantitativos por ejemplo)? ¿Y si se trata de información ya procesada o sistematizada por la entidad? ¿Si se pide un documento que no existe, pero que puede ser elaborado fácilmente porla Administracióna partir de la información con que cuenta? ¿Y si se pide un certificado negativo de existencia (es decir, si se consulta si una información no existe)? ¿No serían estas informaciones públicas “elaboradas”, pero a las cuales debería accederse sin problema?

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha desestimado en varias ocasiones el acceso a información que requería un mínimo accionar por parte de la Administración o incluso que se refiera a información ya sistematizada. Ha sostenido, por ejemplo, que el hábeas data no es “la vía idónea para la declaración de veracidad o certeza, o no, de una determinada información”, en un caso en que el demandante aludía a que el Presidente viajó o no una determinada cantidad de veces a un país (STC Exp. N° 00315-2000-HD/TC, f. j. 2). Asimismo, recientemente, el Tribunal ha desestimando la solicitud dirigida al Reniec para que informe a quienes a corresponden unas huellas dactilares, información registrada en su base de datos (software“AFIS”); en este caso, el Colegiado, sin mayor sustento, sostuvo que lo pedido suponía “una evaluación, análisis y producción de la información que posee” y que en estricto no se refería a la contenida en el banco de datos de huellas digitales, “sino que implica un cierto comportamiento destinado a producir la información requerida” (STC Exp. N.° 04739-2011-PHD/TC). Al parecer, el Tribunal considera razonable solicitar información de esa base de datos (¿acaso la huella de una persona?), pero no pedir que se coteje una huella con la información que esta contiene (¿acaso hacía falta algún esfuerzo adicional por parte de la Administración?).

Anotado lo anterior, coincidimos con Castro Cruzatt, quien considera que en casos como estos, si elaborar cierta información no demanda una evaluación o análisis, sino simplemente se trata de reunirla y facilitarla, el pedido debería ser atendido[1]. Es más, debemos recordar que la propia ley prevé (artículo 11, b) la posibilidad de que pueda existir información compleja, esto es, en las que medie “circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada”, lo que justificaría contar con un plazo adicional para entregar la información (cinco días más). En el sentido anotado, consideramos que el criterio de la Administración y de la justicia constitucional debe ser el de favorecer la entrega de información pública, cuando se trata de una fácil gestión o administración de la información solicitada.

Otra opción, que podría emplearse atendiendo a las singularidades del caso concreto, es aplicar el “principio de suplencia de queja deficiente”. En este sentido, el Colegiado, ante un aparente pedido de que se elabore un informe (que se “informe por escrito”), antes que desestimar la demanda, corrigió la pretensión y dispuso que se entregue toda la información documental vinculada a lo solicitado (STC Exp. N° 04885-2007-HD/TC, f. j. 6 y ss). Igualmente, en el caso de los viajes presidenciales mencionado antes, el Tribunal consideró que debía entregarse información “sobre los viajes en general” (STC Exp. N° 00315-2000-HD/TC, ff. jj. 2-4), sin hacer afirmar cuántos fueron estos, como hacía el demandante.

Es más, también con criterio tuitivo, el Tribunal en cierta ocasión declaró fundado un hábeas data con respecto a una información que no se sabía si existía (el “cargo de entrega” de una notificación), pero que posiblemente consta en alguna parte (“asumiendo que las entidades del Estado cuentan con un registro de los documentos que entregan a los ciudadanos”), por lo cual dispuso que, de existir, esta sea entregada al ciudadano interesado (STC Exp. N.° 01083-2007-PHD/TC, f. j. 15).

Como vemos, si bien la tendencia del Tribunal Constitucional es a descartar la entrega de información sistematizada o que se evacuen informes, es posible matizar ello, de manera razonable, atendiendo a los casos concretos. Siendo así, debe desecharse la idea cerrada de que únicamente puede entregarse “documentos”, de que no puede “elaborarse” algún tipo de información, o de que todo pedido en este sentido deba ser rechazado sin más.


[1] CASTRO CRUZATT, Karin. “El proceso de hábeas data” En: CASTILLO CÓRDOVA, Luis (coordinador) Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Análisis de los procesos constitucionales y jurisprudencia artículo por artículo. Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 207.

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4 Respuestas a “Límites de las entidades para argumentar su negativa a crear o producir nueva información que se les solicita

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  4. Elaborar información que no demande evalución o analisis puede ser un limite de protección de acceso.a la información pública.

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