La seguridad nacional como límite al derecho de acceso a la información pública

Por: Luis Castillo Córdova

Doctor en Derecho, Universidad de A Coruña (España). Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Piura.

I. FORMULACIÓN DEL LÍMITE

En los ordenamientos jurídicos constitucionales no existen reconocidos derechos fundamentales con contenido ilimitado. El contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública es un contenido limitado, ya sea por otros derechos fundamentales (como el derecho a la intimidad), ya sea por bienes jurídico-constitucionales, como la seguridad nacional (EXP. N.º 0007–2003–AI/TC, Fundamento 3). A ésta última como límite iusfundamental conviene hacer referencia ahora.

II. DEFINICIÓN DE LA SEGURIDAD NACIONAL

El Tribunal Constitucional ha definido la seguridad nacional así: “bien jurídico íntimamente vinculado a la Defensa Nacional (…). El concepto de Seguridad Nacional (…) implica un peligro grave para la integridad territorial, para el Estado de Derecho, para el orden constitucional establecido: es la violencia contra el Estado y afecta los cimientos del sistema democrático, (…). Supone, pues, un elemento político o una ideología que se pretende imponer” (EXP. N.º 0005–2001–AI/TC, Fundamento 2).

III. CONSECUENCIAS DEL LÍMITE

A. Clasificación de la información

La seguridad nacional como elemento que define el alcance constitucional del derecho de acceso a la información pública, genera varias consecuencias. Una de ellas es el tipo de información pública que no podrá ser de libre acceso público. Según la Ley (TUO de la Ley 27806) la información cuyo acceso público se exceptúa, se clasifica en: información secreta, reservada y confidencial. En estricto, y con algún matiz que por cuestión de espacio aquí no se formulará, la información confidencial no es consecuencia de la seguridad nacional, por lo que no será analizada aquí.

B. La información secreta

La información secreta “se refiere a todo lo concerniente a la defensa nacional entendida esta como las actividades que realizan las Fuerzas Armadas para proteger al estado en caso de agresión interna o externa; está vinculada estrechamente con la seguridad nacional y relacionada con el ámbito militar y el Sistema de Inteligencia Nacional” (EXP. N.° 01805-2007-PHD/TC, Fundamento 13). Por su parte, el legislador ha reunido la información secreta en dos grupos. El primero conformado por la “información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo” (artículo 15.1 de la Ley); y el segundo referido a la “información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno” (artículo 15.2 de la Ley).

C. La información reservada

Por su parte, la información reservada “se refiere a seguridad nacional pero de orden interno, relativa a las actuaciones policiales para prevenir y reprimir la criminalidad en el país” (EXP. N.° 01805-2007-PHD/TC, Fundamento 14). A la hora de definir esta información el legislador la ha reunido en dos grupos. El primero se define por “la información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla” (artículo 16.1 de la Ley). Mientras que el segundo viene definido “por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción externa del Estado, se considerará información clasificada en el ámbito de las relaciones externas del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad e integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema democrático” (artículo 16.2 de la Ley).

IV. VALORACIÓN DEL LÍMITE

Los elementos delimitadores del alcance de un derecho fundamental se han de interpretar siempre en relación al significado del bien humano que se intenta asegurar con el derecho fundamental respectivo. Tomarlo en cuenta permitirá el empleo legítimo del límite, no como una herramienta al servicio del Estado, sino como instrumento eficaz para la potenciación de un sistema como democrático. En este marco, una información calificada por la autoridad correspondiente como secreta o reservada, no la hace por ese sólo hecho como inaccesible al público, sino que ha de condecirse plenamente con la naturaleza de las cosas, tanto jurídicas como fácticas. Por eso acierta el Tribunal Constitucional cuando manifiesta que “el solo hecho de que una norma o un acto administrativo (…) atribuya o reconozca la condición de seguridad nacional a una información determinada, no es razón suficiente, en términos constitucionales, para denegar el acceso a la misma; por el contrario, es siempre indispensable examinar si la información calificada de reservada reviste realmente o no tal carácter, acudiendo para tal efecto al principio constitucional de razonabilidad” (EXP. N.º 0950–2000–PHD/TC, Fundamento 6).

Adicionalmente, el empleo legítimo de la seguridad nacional como elemento delimitador exige necesariamente que las informaciones secretas y reservadas queden exceptuadas del acceso público siempre con un límite temporal. Por esta razón, acierta el legislador a la hora de prever los cinco años –aunque con posibilidad de prórroga justificada- el límite temporal para acceder a una información secreta (último párrafo del artículo 15 de la Ley); y acierta también a la hora de decidir que “una vez que desaparezca la causa que motivó la clasificación, la información reservada es de acceso público” (último párrafo del artículo 16 de la Ley).

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