Información confidencial preparada para la defensa del Estado (a propósito de una solicitud de acceso al ‘informe Mac Lean’ en poder del ministerio de Relaciones Exteriores)

Por: Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

A inicios de año, el Tribunal Constitucional emitió la STC Exp. N° 04425-2009-PHD/TC, que se pronunció sobre la demanda de hábeas data en la que se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la copia del “Informe Mac Lean” (elaborado por el abogado Roberto Mac Lean Ugarteche) en el que se trataban aspectos jurídicos internacionales vinculados al proceso para extraditar a Alberto Fujimori desde el Japón. El ministerio denegó la entrega de este informe amparándose en que se trata de información confidencial, exceptuada de entregarse al público conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública.

El Tribunal Constitucional, al abocarse al caso, solicitó este informe al ministerio con la finalidad de evaluar su contenido y consideró que, en efecto, como señalaba la entidad, se encuentra en el supuesto regulado en el numeral 4 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que no puede accederse a “información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial”. El Colegiado consideró que el Informe Mac Lean es confidencial porque “detalla actuados vinculados al Caso Barrios Altos y La Cantuta, así como opiniones técnicas que pueden ser utilizadas en dichos procesos, los cuales en la actualidad aún se encuentran judicializados”.

Lo anotado por el Tribunal en primera instancia aconsejaría mantener en reserva el documento solicitado. Sin embargo, bien visto, contiene un deficiente análisis sobre lo pedido y es contrario al principio de transparencia, lesionando con ello el derecho de acceso a la información pública.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el principio rector en materia de acceso a la información pública es el de “máxima divulgación de la información”. De acuerdo con este, toda información en poder del Estado es prima facie accesible y las excepciones legales fijadas deberán interpretarse de manera restrictiva. Por ello, la excepción de “información confidencial” invocada tanto por el ministerio como por el Tribunal Constitucional debe ser interpretada en el sentido señalado, debiéndose privilegiar más bien el acceso a la información.

Siendo así, debemos tener en cuenta que el informe Mac Lean tenía por finalidad coadyuvar a la extradición del ex mandatario Alberto Fujimori desde el Japón, y que ese procedimiento se truncó con su partida para Chile, por lo cual, al tratarse de un procedimiento concluido, la información inicialmente debía ser entregada al solicitante, conforme indica la propia Ley (que señala que “Esta excepción [referida a la defensa jurídica del Estado] termina al concluir el proceso”). Siendo así, una restricción en sentido contrario a la literalidad de la norma requería una calificada explicación por parte de la justicia constitucional, lo que no se evidenció en la sentencia.

De otra parte, en el supuesto que el informe contenga detalles que realmente pudieran afectar la estrategia legal en los procesos de los casos Barrios Altos y la Cantuta, estaríamos ciertamente ante información confidencial. Pero, en tal caso, el Tribunal Constitucional igualmente tenía la obligación de ordenar que se entregue el informe, reservando únicamente como confidencial la información relacionada con  la estrategia legal del Estado en los referidos procesos penales pendientes. No obstante ello, de manera completamente opuesta, el Tribunal –interpretando el derecho de manera conservadora y contra hómine– impidió el acceso a la totalidad del informe, considerando que este “aún contiene información confidencial”, sin distinguir el contenido reservado, y obviando totalmente que la publicidad es la regla vigente en materia de acceso a la información.

Con lo anotado, puede apreciarse que el Colegiado Constitucional, si bien en muchas ocasiones tiene interpretaciones bastante garantistas en materia de acceso a la información, aun tiene pendiente conocer e interpretar correctamente algunas causales de excepción que restringen este derecho.

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