El poder jurídico detrás del derecho de acceso a la información pública

Por: Luis Castillo Córdova

Doctor en Derecho, Universidad de A Coruña (España). Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Piura.

1. La dimensión subjetiva de un derecho fundamental. Esta dimensión significa el conjunto de facultades que el derecho confiere a su titular, y a través de las cuales le otorga un poder jurídico. Este poder hace a la esencia del derecho fundamental y lo diferencia de los demás, singularizándolo. Es, por ese motivo, contenido esencial.

2. La dimensión subjetiva de un derecho fundamental de acceso a la información pública. La dimensión subjetiva del derecho de acceso a la información pública significa un poder jurídico con un doble contenido: solicitar y recibir información que se contiene en los distintos registros o bancos de datos creados o mantenidos por cualquier entidad (pública o privada) que gestione intereses públicos (EXP. N°. 03803-2008-PHD/TC, Fundamento 9). Este poder jurídico conforma el contenido esencial del derecho fundamental referido (EXP. N.º 0915–2000–HD/TC, Fundamento 3).

3. La justificación del poder jurídico. Este poder jurídico se justifica “en una cotitularidad inherente a todos los ciudadanos” sobre la información que se genera entorno al ejercicio del poder público (EXP. N.º 0301–2004–HD/TC, Fundamento 2). El principio rector, consecuentemente, reza así: la información pública pertenece a todos, y todos estamos legitimados para acceder a ella. Y es que, “la información sobre la manera como se maneja la res pública termina convirtiéndose en un auténtico bien público o colectivo, que ha de estar al alcance de cualquier individuo” (EXP. N.º 1797-2002-HD/TC, Fundamento 11).

4. La finalidad del poder jurídico. Todo poder que es realmente jurídico tiene una finalidad por cumplir;  finalidad que es el principal elemento objetivo para determinar el alcance razonable de su ejercicio. Para el caso del derecho fundamental de acceso a la información pública, la finalidad es la consolidación de un sistema democrático (EXP. N.º 1219–2003–HD/TC, Fundamento 6). Así, el ejercicio de este poder jurídico será razonable –y estará constitucionalmente permitido-, cuando “garanti[ce] el acceso, conocimiento y control de la información pública, a fin de favorecer la mayor y mejor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, así como la transparencia de la actuación y gestión de las entidades gubernamentales” (EXP. N.º 2488–2002–HC/TC, Fundamento 8).

5. Las consecuencias de la justificación y del significado del poder jurídico. A partir de aquí es posible concluir varias consecuencias, las cuales llegan a conformar el contenido esencial del derecho de acceso a la información pública. Entre ellas se destacarán las siguientes:

a. Primera consecuencia. El poder jurídico que implica este derecho, proscribe las exigencias subjetivas para ejercerlo. Así, proscribe la exigencia de manifestar la causa por la que se solicita la información (EXP. N.º 0214–2000–HD/TC, Fundamento 2); incluso proscribe la exigencia de acreditar cualquier tipo de representación (EXP. N.º 3278–2003–HD/TC, Fundamento 8).

b. Segunda consecuencia. Las condiciones de la entrega de la información serán legítimas en la medida que su contenido se ajuste al fundamento y finalidad del poder jurídico que significa este derecho fundamental. En este punto, la repercusión es notable, primero, en el plazo dentro del cual debe ser entregada la información y, segundo, en el concreto costo dispuesto para que el ciudadano acceda a la misma. En uno y otro caso, el principio de razonabilidad juega un papel decisivo para determinar cuándo el plazo y el costo demandado impiden el ejercicio razonable del derecho (EXP. N.º 0644–2004–HD/TC, Fundamento 7.c).

c. Tercera consecuencia. El poder jurídico que el derecho fundamental de acceso a la información pública depara, busca obtener una información pública idónea, no tanto para satisfacer un interés subjetivo no expresado, sino –y precisamente-, para conocer el modo cómo se ejerce el poder público cuyo titular es el pueblo entero y, con ello, consolidar un sistema como democrático. Por eso, está proscrita la entrega de información fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada (EXP. N.º 1797–2002–HD/TC, Fundamento 16).

6. Una breve valoración. Los derechos fundamentales son exigencias de justicia que se formulan en torno a la Persona considerada como absoluto (fin en sí misma). Lo justo (el ius o derecho) es lo debido por estar atribuido. Lo debido a la Persona es existir en un sistema político que favorezca en la mayor medida de lo posible su plena realización (personal y social). Tal sistema hoy es la democracia. En torno a este sistema se han reconocido libertades y derechos que por ser políticos no desmerecen en su importancia, por el contrario, sin ellos, ninguna libertad y ningún derecho prestacional tendrían verdadero sentido, serían fórmulas jurídicas huecas. Sin reconocer, como mal ha hecho el Tribunal Constitucional, una posición preferente al derecho de acceso a la información pública (EXP. N.º 1797–2002–HD/TC, Fundamento 11), sí se ha de admitir que su ejercicio pleno y razonable involucra a todos en la medida que a todos interesa vivir en un sistema democrático preocupado por neutralizar al máximo sus imperfecciones a través de una vigencia plena del principio de publicidad y transparencia en la actuación del poder público.

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