¿Qué información están obligados a entregar los particulares que prestan servicios públicos?

Por: Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

En un anterior post nos hemos referido al derecho de acceso a la información pública como ámbito garantizado por el hábeas data. Entre otras cosas, indicamos que el Tribunal Constitucional, a partir de lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha extendido bastante la posibilidad de solicitar información pública a sujetos privados. En esta oportunidad vamos a realizar un análisis crítico sobre esta tendencia jurisprudencial, en especial sobre la información que puede solicitarse a privados que prestan servicios públicos.

En primer lugar, es necesario poner las cosas en contexto: de una lectura en conjunto de la las leyes N°s 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), tenemos que algunas personas jurídicas del régimen privado están obligadas a dar información: las que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa. Conforme a la ley, estas solo están obligadas a informar sobre: (a) las características de los servicios públicos que presta, (b) sus tarifas y (c) sobre las funciones administrativas que ejerce.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha extendido muchísimo lo previsto en la ley. Si bien sus primeras decisiones se ajustaban a lo prescrito por la norma (STC 00390-2007-PHD 7), luego ha ampliado aquello que puede ser solicitado, comprendiendo supuestos claramente fuera de los regulados. Esto es preocupante, pues si bien lo que rige en el ámbito público es el principio de “máxima divulgación de la información” (STC 02579-2003-HD 5, STC 05777-2008-HD 15); en el ámbito privado es distinto, allí rige la autonomía de los actores para disponer de sus datos e información. De esta manera, que las personas privadas deban entregar información constituye una excepción y debe ser interpretado así.

Veamos ahora algunos casos representativos. En varias ocasiones el Tribunal se ha pronunciado sobre información de universidades e institutos privados. Estas prestan un servicio educativo autorizado por el Estado y, en tal sentido, se trata de sujetos pasivos de entregar información pública (STC 02892-2009-PHD). El problema está en lo que el Tribunal ha considerado que estarían obligadas a entregar: en numerosa jurisprudencia ha ordenado informar sobre los criterios de evaluación utilizados para ingresar a tales instituciones, así como información sobre los reclamos administrativos relacionados con su calidad académica (entre los más recientes: STC 06238-2008-PHD, STC 06759-2008-PHD, STC 04146-2009-PHD). Bien visto, estas no son ni características del servicio, ni información sobre tarifas y menos aún se refieren a funciones administrativas, que es la información que las entidades educativas prima facie tendrían el deber de entregar. Si bien puede afirmarse que los reclamos existentes se relacionan con el servicio prestado, estos en realidad no constituyen “características del servicio” y por ende sería necesaria una argumentación más elaborada por parte del Tribunal.

Otros sectores sobre los que también se ha pronunciado es sobre servicios públicos como el de transporte aéreo (más recientemente: STC 04884-2009-PHD, STC 03803-2008-PHD) y de energía eléctrica (STC 01347-2010-PHD). El Tribunal ha considerado que estos servicios son de naturaleza pública “debido a su naturaleza regular y a su finalidad de satisfacer determinadas necesidades sociales”, y que por ello la “información que se encuentre estrechamente vinculada con este servicio, debe ser brindada a cualquier ciudadano que así lo solicite” (por ejemplo, 2636-2009-PHD 11). Ahora bien, al respecto es necesario preguntarnos si el hecho de que se trate de servicios públicos, significa que su información debe ser tratada como si fuera información estatal –como parece afirmar el Tribunal Constitucional– o si, por ser personas jurídicas de Derecho Privado, solo están obligadas a informar sobre las características de su servicio, sus tarifas y sus funciones administrativas –como señala la ley–. Al respecto, el criterio del Colegiado constitucional suele ser muy amplio y flexible respecto al manejo de la información de estas empresas. Incluso ha llegado a sostener que, considerando la repercusión que estos servicios públicos tienen en la colectividad, a las empresas prestadoras se les puede solicitar información (a) referida al servicio público que brinda, (b) que pueda ser de conocimiento público y (c) que no esté referida a ámbitos privados de la persona jurídica (RTC 03802-2008-PHD 10). En suma, la información referida a estos servicios es casi toda ella pública, aunque con salvedades; lo cual no es muy distinto a lo que ocurre con la información que administra el Estado.

Al respecto, estamos de acuerdo con que las empresas que prestan servicios públicos den más y mejor información a la ciudadanía; sin embargo, debe atenderse a que la Constitución ni la ley prescriben tal apertura, y que, además, existen entidades supervisoras encargadas de recoger y administrar esta información de las empresas prestadoras de servicios (datos que sí serían públicos). Siendo así, parece conveniente que se realicen precisiones legislativas (e incluso constitucionales) sobre esta materia, de tal forma que quede claro que acceder a información de particulares que prestan servicios públicos es un auténtico derecho de todo ciudadano, o que el Tribunal Constitucional sustente adecuadamente su forma de tratar a las empresas, teniendo en cuenta que estas, no obstante prestar servicios públicos, son finalmente entidades privadas (por tanto, lo que está en juego aquí en realidad son los límites y las exigencias para las esferas pública y privada, asunto que merece ser abordado con el máximo cuidado).

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Una respuesta a “¿Qué información están obligados a entregar los particulares que prestan servicios públicos?

  1. L. Alberto Huamán Ordóñez

    …. muy interesante el artículo estimado Juan Manuel…. el Tribunal amplia el radio de aplicación del derecho al acceso de información, pero en situaciones donde un privado presta un servicio público o ejerce función administrativa por delegación, concesión o autorización estatal, la cosa ya no se presenta tan clara…..

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