¿Qué exactamente se protege a través del habeas data? Alcances de la protección al derecho de acceso a la información pública en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Por Juan Manuel Sosa Sacio  

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

Como es conocido, a partir de lo establecido en los artículos 200, inciso 6 de la Constitución, y 61 del Código Procesal Constitucional, el hábeas data protege los derechos de acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Pero, ¿qué protegen estos derechos?

Refirámonos, por ahora, al acceso a la información pública. Inicialmente, este suele entenderse como la posibilidad de solicitar y recibir, sin expresión de causa, en un plazo razonable y costeando los gastos correspondientes, toda información en poder de dependencias estatales. Por su parte, la Ley Nº 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y su reglamento (Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM) señalan diversas características del mencionado derecho, el procedimiento para su ejercicio así como el tipo de información que la Administración no está en obligación de entregar (aquella considerada clasificada, reservada o confidencial).

Pero es la jurisprudencia constitucional la que ha realizado las más importantes precisiones sobre los alcances de este derecho. Por ejemplo, con respecto al contenido de la información a entregarse, el Tribunal ha señalado que esta debe ser “oportuna, incondicional y completa” (STC 04885-2007-HD); es más, ha precisado que la información pública debe ser entregada en “términos mínima o elementalmente razonables, lo que supone que ésta deberá ser cierta, completa, clara y, además, actual” (00007-2003-AI). En similar sentido, ha considerado que el derecho de acceso a la información se afecta “cuando información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada” (STC 01797-2002-HD). En suma, según el Tribunal, este derecho no solo permite acceder a la información requerida, sino que garantiza también su calidad y la celeridad en su entrega.

El Tribunal también ha delimitado el contenido de este derecho precisando que la Administración no tiene el deber de sistematizar o elaborar nueva información, pues su deber básicamente es entregar información existente y que ya posee (RTC 02512-2009-HD). Es más, incluso ha llegado a precisar que el derecho de acceso a la información pública no habilita a consultar si una determinada información con la que se cuenta es veraz (STC 00315-2000-HD), a pedir que se emitan informes o declaraciones (STC 04885-2007-HD), ni a exigir razones materiales sobre la toma de decisiones (STC 03019-2010-HD, RTC 00750-2010-HD).

De otra parte, el Tribunal se ha pronunciado también sobre el costo de la información pública. Al respecto, la ley únicamente señala, escuetamente, que este costo “sólo podrá incluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada”. A ello, el máximo intérprete de la constitucionalidad ha agregado que su determinación deberá ser “proporcional”, lo que implicaría vedar pagos exagerados o excesivos (RTC 04204-2009-HD, STC 03351-2008-HD) que, en la práctica, impidan acceder a la información solicitada. Respecto a esto, casos frecuentes resueltos por el Tribunal Constitucional, en los que el costo terminaba afectando el derecho de acceso a la información, son aquellos en los que la Administración pretendía cobrar por copias certificadas cuando el solicitante tan solo pedía copias simples –como se sabe, la diferencia de los montos a pagar es notable– (STC 04886-2009-HD, STC 00862-2009-PHD, STC 02497-2011-PHD).

Finalmente, también podemos dar cuenta de importante casuística con respecto a quiénes se puede pedir información pública. La ley señala que no solo las dependencias estatales, sino también las personas jurídicas “que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público” tienen la obligación de “informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce”. Si bien el Tribunal inicialmente consideró que estas personas jurídicas privadas únicamente tenían el deber de informar sobre sus servicios, tarifas y las funciones administrativas que realiza (STC 04146-2009-HD), ha venido admitiendo después que se entregue información de diverso orden –atribuyéndole carácter de pública–; por ejemplo, sobre reclamaciones efectuadas (STC 01347-2010-HD, STC 04884-2009-HD), criterios de evaluación para acceder a la universidad (STC 04602-2008-HD, STC 04146-2009-HD), e incluso grabaciones de programas radiales (STC 01475-2010-HD). También con relación a los sujetos obligados a entregar información pública, el Tribunal ha realizado interpretaciones generosas a favor del derecho, incluyendo a sujetos inicialmente ajenos a este deber; así, por ejemplo, considera que es posible solicitar información a los Colegios profesionales, que si bien son asociaciones privadas, tienen personalidad de “Derecho público” y manejan alguna información “de conocimiento público” (STC 01266-2010-HD); de igual manera, ha incluido a los notarios, que si bien no son funcionarios públicos, cumplirían con una función pública y manejan información que el Tribunal ha valorado como pública (STC 0301-2004-HD).


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7 Respuestas a “¿Qué exactamente se protege a través del habeas data? Alcances de la protección al derecho de acceso a la información pública en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

  1. Que perdida de tiempo, que articulo tan vacio.

  2. se puede solicitar informacion no confidencial a una dependencia plicial

  3. ¿se podría pedir copia de boletas de pago a un colegio profesional, donde acredite que su agremiado esta al día en sus pagos puntuales? Gracias por la información.

  4. INTERESANTE DR. JUAN MANUEL SOSA SACIO. PERO EXISTE LA POSIBILIDAD QUE AMPARANDOSE EN ESTE DERECHO SE SOLICITE INFORMACION DE TODO ACTO , SIN NINGUN SUTENTO? (SE QUE PUEDES SOLICITARLA SIN EXPRESION ALGUNA), LO COMENTO PORQUE EN ALGUNOS CASOS SE HACEN DICHAS SOLICITUDES CON TINTES POLITICOS MUY MARCADOS Y CON ANIMOS DE “HOSTIGAR” SI CABE EL TERMINO.

    • Las consecuencias del empleo posterior de la información pública son responsabilidad en estricto de quien las causa, no de la publicidad de la información que podría encontrarse, en último caso, hasta en la web.

  5. Pingback: Precedentes sobre hábeas data y acceso a información pública de municipalidades de Chiclayo | Suma Ciudadana

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