Cuando la información no es oportuna, ¿qué debemos esperar del juez constitucional?

Por Christian Donayre Montesinos

Profesor Titular de las Facultades de Derecho de de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Universidad del Pacífico

Una aproximación inicial a la manera como el Código Procesal Constitucional aborda el margen de acción del juez constitucional cuando el acto lesivo cesa después de interpuesta la demanda de hábeas data, conduce a afirmar que, en esa eventualidad, debería declararla fundada y ordenar al agresor que no vuelva a incurrir en aquellos actos que dieron origen al proceso constitucional. Sin embargo, el temperamento del Tribunal Constitucional ha sido más bien el de dejar que ello lo determine el juez constitucional en función de su discrecionalidad y la evaluación de cada caso en particular, abriendo la posibilidad a que incluso la demanda pudiera ser declarada improcedente. En estos términos pueden encontrarse varios casos en que el justiciable acudió al hábeas data ante la omisión de la entidad de su deber de entregar oportunamente la información solicitada (Expedientes N° 04065-2008-PHD/TC, 04530-2008-PHD-TC, etc.).

Realmente puede entrar a discutirse si la opción del Tribunal Constitucional es la mejor a la luz del respeto y la tutela de los derechos fundamentales pasibles de ser protegidos a través de dicho proceso constitucional. Y es que, en rigor, además de que al momento que el juez constitucional conoce la demanda existen los presupuestos procesales que le permitirían aproximarse al conocimiento del fondo del asunto; en los hechos se traduce en un incentivo perverso para que las entidades que tienen a su cargo información pública susceptible de ser facilitada, cumplan dicha obligación con las limitaciones, responsabilidades y, sobre todo, dentro de los plazos de ley.

En efecto, si las entidades encargadas de proveer la información pública, dentro de los parámetros normativos existentes al efecto, no perdieran de vista que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tal información no sólo debe ser completa, precisa, correcta y veraz, sino también oportuna (Expedientes N°s 0959-2004-HD/TC, 04065-2008-PHD/TC, 05319-2009-PHD/TC, entre otros), no debería ser necesario llegar a una situación en la que, ante el cese del acto lesivo, depositemos todas nuestras expectativas en el buen criterio del juez constitucional a fin de obtener una decisión favorable a nuestra demanda.

Más aún, si las entidades públicas asumieran a cabalidad el compromiso que les subyace en el contexto de una cultura de transparencia, además de promover una comprensión más respetuosa del derecho de acceso a la información pública, no se activaría innecesariamente la maquinaria judicial, por lo que habría un ahorro de recursos al sistema de justicia. Por si ello fuera poco, las personas no tendrían que destinar esfuerzos para solicitar judicialmente aquello que no se les dio a su debido tiempo y las entidades públicas tampoco tendrían que abocarse a la defensa de situaciones que son producto de su propia lenidad y que terminarán resolviendo, finalmente, por ellas mismas.

Vistas así las cosas, la pertinencia de promover y, sobre todo, adoptar desde las diferentes esferas del poder público un verdadero compromiso con una cultura de la transparencia, no admite ninguna discusión. En todo caso, convendría evaluar si acaso la opción por la que se ha decantado el Tribunal Constitucional en el sentido de dejar a la discrecionalidad del juez constitucional y en atención a las circunstancias de cada caso, la decisión última respecto de cuando, pese a haber conocido la existencia del acto lesivo, declara fundada la demanda, contribuye a ello.

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