Plazo para interponer la demanda de hábeas data en tutela del derecho de acceso a la información pública

Por Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El Código Procesal Constitucional contiene muy pocas normas específicas sobre el proceso de hábeas data, por lo que su regulación se basa en las disposiciones generales aplicables a los procesos de tutela de derechos fundamentales (Título I del Código) y las disposiciones aplicables del proceso de amparo (Título III del Código).

El tema del plazo para presentar una demanda de hábeas data no se encuentra desarrollado en el capítulo específico sobre este proceso, por lo que para su análisis hay que acudir a las otras secciones del Código. En este sentido, el artículo 5º inciso 10º establece como una causal de improcedencia de las demandas de tutela de derechos el vencimiento del plazo para su interposición -con excepción del proceso de hábeas corpus-, de lo cual se deduce que respecto a todos los demás procesos (amparo, hábeas data y cumplimiento) sí corresponde aplicar un plazo de prescripción. Sin embargo, en el capítulo del Código dedicado al proceso de hábeas data no se menciona un plazo específico para la interposición de la demanda, por lo que de forma supletoria corresponde observar las normas sobre el proceso de amparo, que establecen como regla general un plazo de prescripción de sesenta días hábiles computados desde que se produce la afectación del derecho (artículo 44º del Código).

En el caso del acceso a la información pública, la afectación del derecho puede entenderse que se produce cuando se deniega expresamente la información solicitada. En este supuesto, el cómputo de los sesenta días hábiles debe iniciarse desde el momento en que se toma conocimiento de la denegatoria del pedido. En diversos fallos, este ha sido el criterio asumido por el Tribunal Constitucional. La Base de Datos Justicia y Transparencia nos ofrece información, por ejemplo, de la resolución del Tribunal recaída en el expediente 301-98-HD, del 18 de marzo de 1999, en donde la respuesta de la entidad estatal fue emitida el 22 de abril de 1996 y la demanda interpuesta el 9 de abril de 1997, es decir, un año después. Una situación similar se produjo en la resolución recaída en el expediente 1048-98-HD, del 10 de diciembre de 1999. En ambos casos la demanda fue declarada improcedente.

Si un pedido de acceso a la información es denegado y se vence el plazo de sesenta días para presentar la demanda, una forma de subsanar este problema consiste en volver a presentar el mismo pedido de información, a fin de conseguir nuevamente una respuesta negativa por parte de las entidades estatales y así evitar que la demanda sea declarada improcedente por vencimiento del plazo de prescripción. Se trata de una opción avalada por el propio Tribunal Constitucional, que en la resolución del expediente 3782-2011-PHD, del 11 de octubre del 2011 señaló (fundamento jurídico Nº 5):

“(…) el cumplimiento del requisito de procedibilidad del plazo de prescripción en el proceso de hábeas data demuestra el interés del demandante respecto de la tutela jurisdiccional que requiere, en la medida en que se trata de un proceso que brinda tutela urgente a favor de los derechos de acceso a la información pública o autodeterminación informativa, plazo que, sin embargo, puede resultar renovado con un posterior pedido a efectos de viabilizar la procedencia de la pretensión judicial en los términos que exigen los artículos 44º y 62º de Código Procesal Constitucional, situación que en el presente caso, el actor no ha advertido, pero que de ejecutarla en el futuro, puede generar la viabilización de su pretensión en sede judicial”.

Una situación diferente se produce cuando no hay una respuesta por parte de la entidad estatal sobre el pedido de acceso a la información. Al respecto, corresponde recordar que el artículo 62º del Código señala que para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de sus derechos y que el demandado “no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud tratándose del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 5) de la Constitución”. Una lectura de este artículo podría llevar a concluir que el plazo de prescripción debe computarse una vez vencidos los diez días sin que se emita una respuesta por parte de la entidad estatal. Sin embargo, también podría entenderse que mientras no exista una respuesta se está ante una omisión, situación en la cual, conforme lo señala el artículo 44º inciso 5º del Código, no correspondería iniciar cómputo alguno, pues conforme a lo dispuesto en esta norma, “si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista”.

La Base de Datos Justicia y Transparencia nos ofrece información de casos en donde el Tribunal Constitucional ha optado por una tercera alternativa, pues no inicia el cómputo del plazo desde la fecha de vencimiento de los diez días a que hace referencia el citado artículo 62º del Código, sino desde la fecha de presentación del pedido de acceso a la información. A modo de ejemplo se puede citar el caso de una persona que solicitó acceder a una copia del expediente administrativo referido a su pedido de acceso a la pensión. En la resolución respectiva el Tribunal señaló:

“Que conforme se aprecia del documento de fecha cierta de fojas 2, la solicitud del actor respecto del expediente administrativo que reclama en estos autos, data del 29 de marzo de 2010, por lo que a la fecha de interposición de la demanda, esto es al 13 de enero de 2011, había transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional” (resolución del expediente 3788-2011-HD, del 7 de octubre del 2011, fundamento jurídico Nº 4).

Similar criterio interpretativo se aprecia en la resolución 5345-2009-HD, del 14 de diciembre del 2009, en la cual señaló (fundamento jurídico Nº 2): “el recurrente mediante cartas notariales de fecha 19 de noviembre y 20 de diciembre de 2007, respectivamente, solicitó a la entidad demandada, que se le entregue copia certificada del Acuerdo de Concejo o Resolución de Alcaldía que aprobó el himno de Amarilis, sin que haya obtenido respuesta; sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 1 de julio de 2008, ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 44º del Código Procesal Constitucional; motivo por el cual, resulta aplicable el artículo 5º, inciso 10), del mismo cuerpo legal”.

En ambos casos el Tribunal identificó que no hubo respuesta al pedido de información y tomó como referencia para el inicio del cómputo del plazo de sesenta días la fecha de recepción de la solicitud, mas no la fecha posterior a los diez días que tenía la entidad demandada para atender lo solicitado. Se trata de una tendencia que tiene su antecedente en la sentencia recaída en el expediente 3619-2005-HD, del 21 de julio del 2005, en específico el fundamento jurídico Nº 3, citada en decisiones posteriores del propio Tribunal.

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