Acceso a la información y costos de reproducción

Por Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Conforme al artículo 2º inciso 5º de la Constitución Política, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública conlleva la obligación de sufragar el costo que suponga el pedido. Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante la Ley) precisa en su artículo 20º que dicho costo sólo debe estar referido al “importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida”. Asimismo, dispone que el monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad estatal y que cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho de acceso a la información, ante lo cual corresponderá aplicar las sanciones correspondientes.

A través de su jurisprudencia el Tribunal Constitucional peruano ha tenido oportunidad de conocer demandas de hábeas data en las que se cuestionaba como una restricción al derecho de acceso a la información el cobro desproporcionado o no justificado respecto de los costos de reproducción. A partir de esta jurisprudencia es posible identificar los siguientes lineamientos interpretativos:

  • El costo de reproducción no constituye un problema de orden legal sino que se relaciona con las medidas previstas constitucionalmente para garantizar el derecho fundamental. Esta afirmación la hizo el Tribunal a propósito de una demanda que fue rechazada de plano por el Poder Judicial, en aplicación del artículo 5º inciso 1º del Código Procesal Constitucional, que dispone que no proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales (sentencia 4468-2006-PHD, caso Compañía Administradora de Restaurantes Machines S.A., fundamento 5).
  • El pago por los costos de reproducción es obligatorio, correspondiendo efectuarlo a los ciudadanos que ejercen su derecho (sentencia 8836-2006-PHD, caso Alejandro Chugnas, fundamento 4). Esta afirmación se ve reflejada también en las sentencias donde el Tribunal ordena a las entidades estatales entregar la información solicitada, pues siempre dispone que esto se realizará previo pago del costo razonable que suponga tal entrega (Cfr. Sentencia 6109-2009-PHD, caso Oswaldo Gonzaga, punto resolutivo Nº 1 y sentencia 5254-2009-PHD, caso Vicente Bautista Cueva, punto resolutivo Nº 2).
  • El derecho de acceso a la información pública resultaría siendo afectado si el costo que se exige por la reproducción de la información representa un monto desproporcionado o ausente de un fundamento real, pues ocasionaría el efecto práctico de una denegatoria de información (sentencia 1912-2007-HD, caso Carlos Nolte, fundamento 4).
  • La Ley no establece ninguna exigencia económica distinta al pago del costo de reproducción de la información solicitada, por lo que las entidades públicas “no deben requerir otros requisitos de naturaleza económica que sólo dificulten o entorpezcan el acceso a la información” (sentencia 2845-2008-PHD, caso Roger Rosales, fundamento 8).
  • Los costos de reproducción solamente deben incluir los gastos que se encuentren directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada (sentencia 3351-2008-HD, caso Eugenia Cadillo). Para el Tribunal, condicionar el acceso a la información “a un pago previo que va más allá del costo razonable de reproducción del pedido […] constituye una vulneración del derecho de acceso a la información pública” (sentencia 4886-2009-PHD, caso Julio Gonzales Huamán, fundamento 9).
  • El pago de una suma de dinero no puede ser considerado como un requisito de procedibilidad para admitir la solicitud de acceso a la información, pues se estaría restringiendo el derecho fundamental de una forma no prevista a nivel constitucional (sentencia 3986-2009-PHD, caso Margarita del Campo Vegas, fundamento 9).

Uno de los primeros casos en donde hubo un pronunciamiento sobre el monto que cobraba una entidad pública por costo de reproducción fue la sentencia 9125-2006-HD (caso Jenny Cabrera). En la demanda respectiva se cuestionaba que el Ministerio de Justicia cobrara S/. 0,56 por copia simple. Al respecto, el Tribunal declaró fundada la demanda por considerar que este monto sobrepasaba inclusive los precios por copia simple que se ofrecen en el mercado y, en esa medida, vulneraba el derecho de acceso a la información del demandante. En este sentido, ordenó al Ministerio ajustar sus tasas por concepto de reproducción conforme a los criterios establecidos en la Ley.

En otra decisión el Tribunal identificó que existía una gran diferencia entre el costo de reproducción de la información solicitada por el demandante que se exige en el mercado (S/. 86.50) y la exigida por la Municipalidad demandada (S/. 595.00), por lo que concluyó que el valor de reproducción exigido por esta última resultaba desproporcionado y carente de fundamento (sentencia 1912-2007-HD, caso Carlos Nolte, fundamento 7). En la parte resolutiva de este fallo se ordenó a la entidad demandada que “ajuste sus tasas por concepto de reproducción de la información solicitada por el recurrente al valor que al efecto se exija en el mercado” (punto resolutivo Nº 2).

Sin embargo esta tendencia del Tribunal no siempre ha sido observada. En una controversia donde se reclamaba el cobro de S/. 356.00 nuevos soles por la reproducción de un total de 712 hojas bond, se declaró infundada la demanda (sentencia 4129-2008-PHD, caso Roger Rosales), sin mayor análisis sobre el evidente cobro excesivo.

De esta forma, gracias a la clasificación temática de la base de datos “Justicia y Transparencia” se ha podido identificar los lineamientos principales del Tribunal Constitucional sobre el cobro por concepto de reproducción de la información en poder del Estado.

4 Respuestas a “Acceso a la información y costos de reproducción

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  2. Pingback: El costo de reproducción de la información pública | Suma Ciudadana

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