Principios para la mayor y mejor protección del derecho de acceso a la información pública

Por: Christian Donayre Montesinos

Profesor Titular de las Facultades de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Universidad del Pacífico.

La tutela de un derecho fundamental se da como producto de una decisión del juez constitucional, a la cual arriba tras la aplicación de una serie de principios tanto de orden sustantivo como procesal. Si bien no es posible agotar en un texto como el presente, de dimensiones bastante limitadas, los alcances de cada uno de ellos, nuestra intención es dedicar algunas líneas a dar cuenta de aquellos principios que el Tribunal Constitucional peruano ha venido apuntalando a lo largo de su jurisprudencia vinculada con el proceso constitucional de hábeas data, que bien convendría ser conocida por quienes asumen o asumirán la defensa del derecho de acceso a la información pública. Esto, como no puede ser de otra manera, supone dejar para otra oportunidad el desarrollo de otros principios que seguramente merecen también especial atención. Empecemos, entonces, la tarea que aquí nos hemos propuesto.

 La estrecha relación entre el derecho de acceso al a información pública y el ejercicio transparente del poder político ha conducido a que el Colegiado se haya preocupado por apuntalar los alcances de principios como los de publicidad y transparencia (Expedientes N° 01219-2003-PHD/TC y N° 04912-2008-PHD/TC, entre otros), y, en ese contexto, también los de concordancia práctica, legalidad, tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad a fin de compatibilizar los alcances de dicho derecho con otros derechos fundamentales y bienes jurídicos protegidos (Expediente N° 04407-2007-PHD/TC).

No obstante, con el objeto de evitar que esos límites se erijan en pautas infranqueables que terminen tornando el derecho en impracticable, el mismo Tribunal Constitucional ha sido muy enfático en cuanto a la forma como deben ser interpretados, esto es, restrictivamente. Desde esta perspectiva, no es posible extender vía interpretación ninguna limitación al derecho que nos ocupa (Expedientes N° 04886-2009-PHD/TC, 03221-2010-PHD/TC y 01352-2011-PHD/TC). Desde luego, para estos efectos, será relevante considerar principios a los que ya se ha hecho mención, entre ellos en especial los de razonabilidad y proporcionalidad.

Sin perjuicio de cuanto se ha dicho, en el terreno propiamente de la tutela del derecho fundamental por parte del juez constitucional, ha cobrado especial importancia la aplicación de principios como los de iura novit curia (mediante el cual el juez puede corregir algunos errores u omisiones en la invocación de las normas), suplencia de queja deficiente, pro actione (a través el cual el juez puede supeditar las formalidades del procedimiento a la eficacia de su decisión), economía y celeridad procesal. En efecto, el primero, es decir, el principio iura novit curia, ha sido aplicado tanto para corregir el error cometido por el demandante al invocar el derecho presuntamente lesionado (Expediente N° 03911-2011-PHD/TC) como al elegir el proceso constitucional para su protección (Expediente N° 01052-2006-PHD/TC), lo que nos remite a la conversión de los procesos constitucionales, tema abordado por nosotros en una anterior oportunidad.

Por su parte, el principio de suplencia de queja deficiente le ha permitido al juez constitucional enmendar el petitorio de la demanda cuando ha sido erróneamente formulado o expuesto en forma ambigua u oscura (Expediente N° 04885-2007-PHD/TC), sin que  ello implique pasar por el alto el principio de congruencia procesal. Asimismo, el principio pro actione, ha cobrado protagonismo al momento de determinar la norma procesal aplicable a un caso (Expedientes N° 03971-2004-PHD/TC y N° 04264-2007-PHD/TC) y cuando existía una duda razonable respecto del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la demanda (Expedientes N° 01224-2007-PHD/TC y N° 03693-2010-PHD/TC), como es, además, consustancial al citado principio. Finalmente, y como no puede ser de otra manera, los principios de economía y celeridad procesal, a fin de apuntalar la solución rápida y oportuna de los hábeas data en atención a la naturaleza urgente de las pretensiones que se ventilan por su intermedio (Expedientes N°s 01480-2003-PHD/TC y 10206-2006-PHD/TC).

En definitiva, asegurar la vigencia de estos y otros principios debería redundar en una ostensible mejora en la impartición de la justicia constitucional, en particular en una mayor optimización de los alcances del derecho de acceso a la información pública y la finalidad del proceso constitucional de hábeas data. Para esto, por supuesto, es imperioso que los jueces constitucionales no sólo los conozcan sino también que sepan cómo aplicarlos, lo que atendiendo a nuestra realidad puede resultar difícil de asegurar. Pues bien, aquí hay una tarea que no vendría mal que, sin perjuicio de la obligación que asiste a los jueces sobre el particular, sea asumida por quienes acuden a ellos en busca de protección y por quienes manifiesta tener un compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.

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