Sobre el secreto bancario como excepción al derecho de acceso a la información pública

Por Christian Donayre Montesinos

Profesor Titular de las Facultades de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Universidad del Pacífico

De acuerdo con el inciso 2 del artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, la información protegida por el secreto bancario constituye una excepción a los alcances del derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, ¿a qué se debe esta excepción, y sobre todo, cuáles son sus alcances?

Para justificar la protección constitucional del secreto bancario, el Tribunal Constitucional peruano se apoya, por un lado, en la relación que guarda con el derecho a la intimidad y, por otro lado, en su vinculación con el derecho a la seguridad e integridad personal. En este sentido, entiende que por su intermedio “…se busca preservar un aspecto de la vida privada de los ciudadanos, en sociedades donde las cifras pueden configurar, de algún modo, una especie de “biografía económica” del individuo, perfilándolo y poniendo en riesgo no sólo su derecho a la intimidad en sí mismo configurado, sino también otros bienes de igual trascendencia, como su seguridad e integridad” (Expedientes N°s 0004-2004-AI/TC01219-2003-HD/TC, 0011-2004-PI/TC, 0012-2004-PI/TC, 0013-2004-PI/TC, 0014-2004-PI/TC, 0015-2004-PI/TC (acumulados).

A lo expuesto, deberíamos añadir que para el Tribunal Constitucional el secreto bancario forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad (Expediente N° 01219-2003-HD/TC), lo que significa que, conforme al inciso 1 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, estamos ante un ámbito de este derecho pasible de ser protegido a través del hábeas data. Sin embargo, también ha dicho que no forma parte del contenido esencial de la intimidad, lo que se traduce en que es susceptible de ser limitado en su ejercicio, quedando únicamente proscritas “…aquellas limitaciones cuyo propósito es el de quebrar la esfera privada del individuo y ocasionarle perjuicios reales y/o potenciales de la más diversa índole, mas no aquellas que, manteniendo el margen funcional del elemento de reserva que le es consustancial, sirvan a fines constitucionalmente legítimos y se encuentren dentro de los márgenes de lo informado por la razonabilidad y la proporcionalidad” (Expediente N° 02838-2009-PHD/TC).

En esa línea de pensamiento, si el secreto bancario no es una categoría irreductible, sino que sus alcances son pasibles de ser limitados (Expediente N° 2237-2003-HD) si la necesidad de dar cobertura a bienes de relevancia constitucional así lo justifica, debiendo observarse en estos supuestos el interés jurídicamente protegido y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿de qué elementos o instrumentos estamos hablando cuando nos referimos al secreto bancario?

Muy a despecho de las limitaciones de espacio y de las propias dificultades que entraña la definición de los contornos de un concepto como el que nos ocupa -sujeto en parte a la evaluación razonable de las circunstancias de cada caso-, nos permitimos hacer referencia a algunos de esos elementos o instrumentos que el propio Tribunal Constitucional ha identificado como propios del secreto bancario. Y es que si bien no toda información bancaria se sujeta a su régimen de protección (Expediente N° 1170-2005-HD/TC), existe por lo menos alguna que sí gozaría tal condición. Así, lo ha sostenido el colegiado en el caso del Balance General y los Estados Financieros de las empresas (Expediente N° 02838-2009-PHD/TC), los movimientos financieros que las unidades públicas realizan en ejercicio de su derecho a la libertad de autoorganización (Expediente N° 00108-2007-PHD/TC) e inclusive de algunos datos que figuran en las declaraciones de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos (Expediente N° 04407-2007-PHD/TC), por citar tan sólo algunos ejemplos.

Es evidente que la determinación de lo que corresponde que sea considerado dentro del secreto bancario y lo que sería más bien pasible de ser facilitado a cualquier ciudadano en el marco de su derecho de acceso a la información pública, pasa por un examen de ponderación que en modo alguno debe dejar de lado la preocupación que entraña a cada uno de los derechos en juego: por un lado, la de asegurar un ámbito importante de la intimidad que coadyuva además al tráfico económico en condiciones de seguridad y, por otro lado, la de promover el manejo transparente de la cosa pública, elemento indispensable para la construcción de todo Estado que se precie de ser democrático y constitucional.


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